El Concierto Económico Vasco y el Convenio Económico Navarro
Tras la vuelta de la democracia, España paso de ser un país ultra centralizado, a ser uno de los más descentralizados del mundo, desde 1979 hasta 1995, se conformaron distintas CCAA y ciudades autónomas, distintas y diferentes, entre las cuales, dos van a diferenciarse en el plano de la financiación autonómica, tan criticada últimamente por los mandatarios autonómicos de distinto signo político.
Esas dos CCAA que van a diferenciarse son el País Vasco, y la Comunidad Foral de Navarra, ¿por qué?, pues porque son las diputaciones forales en el País Vasco las que deciden la cantidad de impuestos que pagarán los vascos, y en Navarra el gobierno de la CCAA, y la cantidad a pagar al Estado se pacta entre las administraciones, en cambio en el resto del país, es la Agencia Tributaria quien en función de la financiación autonómica recauda y reparte.
¿De dónde vienen estos privilegios?
Estos privilegios vendrían de las peculiaridades históricas de estos territorios, estos aquellos que tuvieron en el pasado algunas formas peculiares de gobierno, como fueron los fueros. Aún estos abolidos, la forma de recaudación autónoma fue respetada
El Concierto Económico del País Vasco viene del acuerdo del 28 de febrero de 1878 cuando Cánovas del Castillo y su gobierno encargaron a las Diputaciones Provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya la recaudación de algunos impuestos, entregando un % a la Hacienda Real. Este régimen se mantendría incluso bajo la dictadura de Primo de Rivera primero, y con Franco después, este último castigaría a Guipúzcoa y Vizcaya por ´´traidoras``, acabando con sus fueros y así con sus privilegios. Tras el regreso de la democracia, la Constitución recogerá esta forma de recaudación.
El Convenio Económico Navarro se remonta a la Ley Paccionada
del 16 de Agosto de 1841, por la cual Navarra perdería bastante autonomía en
diversos planos, no así en el fiscal, acordándose la recaudación de impuestos, y
la cantidad a pagar. Este privilegio, se ha mantenido intacto desde entonces,
superando etapas convulsas, hasta llegar a nuestros días, estando el Convenio
en la Constitución, con un carácter pactado, indefinido y bilateral.
Estos privilegios han sido ratificados vía leyes orgánicas, que se
han ido modificando, donde se realiza el cálculo del cupo (cantidad a pagar al
Estado), provocando controversias sobre si el Estado recibe poco o viceversa.
Sea como sea, son los políticos quienes deben solucionar las
discrepancias sobre el cupo, su cálculo y si debe existir o no. Y más si con
este régimen, unido al actual de financiación autonómica, se perjudica a ciertas
regiones de nuestro país.
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